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La importancia de la credibilidad en los casos de delitos contra la libertad sexual

 

importancia de la credibilidad en los casos de delitos contra la libertad sexual

¿Qué implica la inversión de la carga probatoria en los delitos contra la libertad sexual y violencia de género?

La inversión de la carga probatoria significa que en estos delitos, la carga de probar la inocencia recae en el acusado y no en la víctima. Esto se debe a que muchos de estos delitos ocurren en la intimidad y no hay testigos presenciales. Es por eso que en ocasiones se requiere de periciales psicosociales y psicológicas para determinar la veracidad de las declaraciones. De esta manera, se busca asegurar que las víctimas sean escuchadas y que sus testimonios sean valorados adecuadamente durante el procedimiento judicial.

¿Cómo se determina la credibilidad en casos de delitos contra la libertad sexual y violencia de género?

Para determinar la credibilidad en estos casos, se realizan entrevistas tanto a la víctima como al agresor. Además, se emplean diversas pruebas como el conocimiento del perfil de las personas involucradas. Otra prueba importante es la huella de la memoria, la cual puede ser utilizada incluso cuando no se puede comunicar directamente con la víctima. También se utiliza la autosea psicológica, que es respaldada científica y empíricamente. Cada dictamen pericial debe ser realizado con rigurosidad absoluta para que tenga un peso contundente como prueba dentro del procedimiento judicial.

¿Cómo se establece una línea de defensa o acusación en delitos contra la libertad sexual y violencia de género?

En estos casos complejos, donde no existen pruebas físicas o signos externos evidentes de violencia o agresión sexual, se recurre a versiones contradictorias. Para establecer una línea de defensa o acusación, se busca apoyarse en peritos especializados, quienes ayudan a determinar la veracidad de los testimonios. Se estudia minuciosamente cada caso, entrevistando a las partes involucradas y realizando investigaciones basadas en pruebas científicas y empíricas. Estas acciones permiten desarrollar estrategias legales sólidas para garantizar un proceso justo en los delitos contra la libertad sexual y violencia de género, que ocurren en la intimidad y presentan desafíos particulares en términos de prueba.